Impuesto a la Riqueza
¿Es inconstitucional? ¿Qué alternativas existen?

Importante: El 08/02/21 la AFIP reglamentó el "Aporte Solidario" a través de la Resolución General 4930/2021. En dicha resolución se fija como fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago del saldo resultante el día 30 de marzo de 2021.

  • ¿En qué consiste el Impuesto a la Riqueza?

El Impuesto a la Riqueza, denominado "Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia" es un nuevo tributo de carácter extraordinario creado por la Ley 27.605, la cual entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial el pasado 18/12/2020. Como su nombre lo indica, fue diseñado, teóricamente, para intentar paliar los efectos económicos del Covid-19.

 

Se lo suele referenciar como "Impuesto a la Riqueza" dado que recae únicamente sobre aquellos sujetos alcanzados que cuenten con bienes (activos) cuya valuación al momento de entrada en vigencia de la ley superen la cifra de $200.000.000 (doscientos millones de pesos) de acuerdo a lo que se desarrollará en los puntos que siguen.

La ley se ha reglamentado a través del Decreto 42/2021, publicado en el Boletín Oficial el 29/01/2021, y la RG 4930/2021, publicada en el B.O. el 08/02/2021.

Se trata de un tributo que genera mucha resistencia, razón por la cual muchos contribuyentes afectados están asesorándose con abogados tributaristas a fin de judicializar la situación con el propósito de intentar evitar el pago.

  • ¿Sobre quiénes recae el Impuesto?

El impuesto alcanza a los siguientes sujetos:

a) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior;

b) Las personas humanas de nacionalidad argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en “jurisdicciones no cooperantes” o “jurisdicciones de baja o nula tributación”, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior;

c) Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, excepto las mencionadas en el párrafo anterior, por la totalidad de sus bienes en el país.

Dentro de dicho grupo de sujetos, el tributo únicamente recae sobre aquellos que cuenten con bienes (activos) cuya valuación al momento de entrada en vigencia de la ley superen la cifra de $200.000.000 (doscientos millones de pesos).

  • ¿Cuáles son las alícuotas a pagar?

La norma establece dos tablas de alícuotas: una sobre los bienes radicados en el país, y otra sobre los bienes radicados en el exterior. En términos generales, los bienes en el país tributan a escalas entre el 2% y el 3.50%, mientras que los radicados en el extranjero sufren de alícuotas incrementadas que van del 3% al 5.25%, lo que implica que la norma incrementa el tributo en un 50% para estos últimos.

Está contemplado que tratamiento diferencial se deje sin efecto en la medida que se repatríe por lo menos un TREINTA POR CIENTO (30 %) del valor total de los activos financieros en el exterior dentro de los 60 días de la entrada en vigencia de la ley, plazo que podrá ser ampliado por el Poder Ejecutivo por 60 días más.

Tabla de alícuotas para bienes radicados en el país

Tabla de alícuotas para bienes radicados en el exterior

  • ¿Cómo se valúan los bienes?

Conforme indica la norma, los bienes se valúan:

1) Al momento de entrada en vigencia de la ley 27.605, es decir, al 18/12/2020. Cabe indicar que el tipo de cambio comprador del Banco Nación a dicha fecha era de $82 pesos por dólar.

2) Aplicando las mismas reglas de valuación utilizadas en el Impuesto a los Bienes Personales, pero sin considerar el tratamiento que los bienes revistan frente a ese gravamen (por ejemplo, no aplica la exención sobre los inmuebles rurales ni las previsiones sobre la Casa-Habitación) y sin deducción de mínimo no imponible alguno.

Conforme surge de la reglamentación (Decreto 42/2021), en los fines de la valuación de las acciones o participaciones en el capital de las sociedades regidas por la Ley General de Sociedades, se podrá optar por:

a) la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad al 18/12/2020, conforme la información que surja de un balance especial confeccionado a esa fecha, o;

b) el patrimonio neto de la sociedad del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad a la fecha indicada en el inciso precedente.

En relación a la valuación de sociedades, cabe aclarar que no se puede optar por la opción b) si el resultado no arrojare aporte a ingresar, ni tampoco podrá hacerlo si el accionista o socio hubiera modificado el porcentaje de su participación entre la fecha de cierre del último ejercicio comercial cerrado con anterioridad al 18/12/2020 y esta última fecha. Asimismo, si un mismo sujeto tuviese participaciones en más de un ente, deberá utilizar el mismo método para la valuación de todos ellos.

  • ¿Es el "Impuesto a la Riqueza" inconstitucional?

A simple vista, numerosos elementos podrían dar lugar a planteos de inconstitucionalidad en sede judicial.

El análisis de inconstitucionalidad debe ser estudiado caso a caso.

En particular, se deben analizar los siguientes aspectos:

1) ¿Cómo está conformado el activo? ¿Son bienes líquidos? ¿Son parte de negocios en marcha?

2) Los activos, ¿generan utilidad? ¿Deberá el contribuyente deshacerse de parte del activo para pagar el impuesto, o podrá afrontarlo con las utilidades del mismo?

3) Dentro de los activos, ¿existen bonos que fueron reestructurados?

4) ¿Existe pasivo? ¿Cómo está conformado? ¿Qué incidencia tiene el pasivo sobre el activo? ¿Cuál es el patrimonio neto?

5) ¿Existen aportes a trust irrevocables?

 

6) ¿Existieron movimientos de disposición de bienes (donaciones, ventas, etc.) dentro de los últimos 180 días previos a la entrada en vigencia de la ley?

Ello, entre otros elementos que serán abordados y analizados en la consulta con el contribuyente.

  • ¿Qué alternativas existen para intentar evitar el pago?

El contribuyente puede optar por judicializar el caso en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Previo a todo, se solicitará inmediatamente una medida cautelar de no innovar tendiente a impedir que AFIP avance con el cobro del tributo.

En el proceso principal se solicitará al juez que se expida acerca de la constitucionalidad de la Ley 27.605 y su reglamentación, en el caso concreto.

 
  • ¿Cuál es el valor de honorarios para tomar mi caso?

Nuestro estudio ofrece la representación letrada en el proceso de inconstitucionalidad, incluyendo la defensa en todas las etapas. Asimismo, ofrecemos el asesoramiento previo a fin de decidir si se opta por impulsar la acción judicial.

Naturalmente, los honorarios serán sustancialmente menores a las alícuotas del impuesto, lo que permitirá, en caso de éxito, un importante ahorro para el contribuyente. Nuestro estudio cuenta con presupuestos fijos para este tipo de casos

El primer paso es concertar una reunión -presencial o a distancia- a fin de analizar el caso concreto. Contáctenos para coordinar agenda.

  • ¿Cómo puedo contactarlos para evaluar mi caso?

Puede contactarnos al 5278-5938 de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

Asimismo, a través del formulario de consulta que encontrará en este link, o enviándonos un email a contacto@estudiomarrocco.com

Recuerde incluir un número telefónico en su mensaje para que uno de nuestros abogados se contacte con Ud.

© 2016-2021 by Estudio Marrocco

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon